Libertad de expulsión

“¿Es tortura?”, le pregunté a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (División Américas)”.
“Por supuesto”, me contestó. “No cabe la menor duda. No es solo mi opinión personal. Es un caso que se ajusta plenamente al artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”.
Ese artículo de La Organización de las Naciones Unidas dice: “... Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras ...”
El diálogo, firmado por Jorge Ramos Avalos en La Prensa de Panamá, en junio de 2004, retrata la posición personal y la institucional de Vivanco, sobre el caso de la situación de los prisioneros de guerra del gobierno norteamericano en la cárcel de Abu Ghraib, Irak.
Cuatro meses antes, Human Rights Watch se había pronunciado contra la política del gobierno colombiano en el caso de la reinserción de los paramilitares. En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, solicitaba que los gobiernos que la integran no permitiesen que los temas de justicia colombianos formaran parte de su fuero interno y que la organización no pudiese pronunciarse al respecto, ya que el Convenio para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia no aseguraba que los graves crímenes contra la humanidad que habían cometido los paramilitares, los delitos atroces y las violaciones a los derechos humanos quedaran impunes: “El gobierno de Colombia, decía entonces, ya ha adoptado medidas que lo sitúan en oposición con estos precedentes (el consenso internacional contra la impunidad de este tipo de crímenes). Se refería a que en agosto de 2003, el gobierno de Alvaro Uribe promovió un proyecto de ley “que pretendía que los paramilitares, quiénes han cometido actos de barbarie y terrorismo, eludan la justicia a cambio de pagos monetarios, sin comprometerse a cumplir, tan siquiera un solo día de cárcel”.
El enfrentamiento no se había detenido en 2007, cuando habló de sus relaciones con el presidente Uribe con la periodista Cecilia Orozco Tascón, quién le pregunta: “¿Usted ha sido confrontado de manera insólita por el gobierno colombiano?”.
“En este tipo de trabajo, a veces el ataque, la descalificación o el insulto son inevitables. Sin embargo la gran mayoría de los gobernantes, desde la década de los 90 en América Latina, han sido abiertos a la crítica. Pero existen otros jefes de Estado en la región que son la personificación de la intolerancia.
Ellos sobredimensionan su rol e insultan al mensajero que trae las malas noticias, manipulan los hechos y recurren a la demagogia, porque no están dispuestos a enfrentar un diálogo constructivo”. Uribe acababa de agredirlo de palabra en una cena en Washington ante senadores demócratas y republicanos, que reseñó Wall Street Journal.
“¿Existe algún motivo especifico como ese u otro, para que usted no hay a vuelto a Colombia?”, pregunta la entrevistadora.
“Espero volver en algún tiempo, pero obviamente, el clima de polarización que existe con las actuales autoridades nos obliga a ser muy prudentes.
Es el mismo activista, que en 2007 se pronunció contra el cierre de RCTV en Caracas y que este año aparece prologando un libro sobre las Damas de Blanco y su vida en Cuba, donde señala, ante la represión política que existe en la isla que “los gobiernos democráticos de América Latina, deberían pronunciarse firmemente denunciándola y dejar de respaldar la participación de ese gobierno en organismos internacionales, como lo han hecho en la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos de la ONU”. “No podemos cruzarnos de brazos y resignarnos ante una realidad como esta. Nadie debe hacerse ilusiones sobre el carácter del gobierno cubano. No podemos romantizar ningún aspecto de este sistema cruel, o justificar en modo alguno los abusos cometidos por Fidel Castro” .
Había dicho también que Fujimori gobernó Perú al estilo de un jefe mafioso
y condenó firmemente las leyes que permitieron en Argentina, a “aquellos agentes del Estado que cometieron atrocidades contra miles de personas , vivir en la mas absoluta impunidad, protegidos por leyes especiales que impiden a los tribunales funcionar conforme a derecho (Leyes de Punto Final y de Obediencia debida)
No me extraña ahora que haya sido expulsado de Venezuela. Ya había dibujado este escenario también en otra entrevista, hecha por los alumnos egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, de Chile, miembros del Comité Editorial de la publicación Apuntes de Derecho, cuando le preguntaban sobre el rol que la libertad de expresión adquiere a la luz de un estado moderno.
Su comentario nos muestra lo que pasa con la libertad de expresión entre nosotros y no dudo que con el documento que leyó y que ocasionó la medida, puso sus conceptos a prueba: “El ejercicio de la libertad de expresión, asegura la vigencia de un debate público abierto, con tolerancia a la opinión ajena, por ofensiva o destructiva que sea, o inútil que parezca; además, esta libertad refleja la convicción de que todos estamos en un pie de igualdad, que no hay privilegios o fueros para proteger a aquellos que temporalmente se encuentran en una posición de autoridad.” Y remacha:”son inadmisibles las limitaciones que consagran un privilegio especial – como el desacato – para autoridades religiosas, judiciales, militares o políticas como tampoco aquellas que en los hechos establezcan a priori, que se puede leer, consumir o conocer pro el resto de la sociedad. Las autoridades tienen menos privilegios y no mas que los particulares, precisamente porque se encuentran en una posición de poder, que les permite un acceso privilegiado a los medios para defenderse fácilmente de la crítica. De igual manera, hay que seguir avanzando para lograr entender que las instituciones públicas no tienen honor que proteger y que toda crítica es absolutamente válida para mantener su transparencia y credibilidad pública y combatir la corrupción. Entenderlo de otro modo constituye un atavismo propio de una sociedad autoritaria”.